La diputada nacional Marcela Pagano publicó este domingo en la red social X una serie de acusaciones sobre el funcionamiento interno y el esquema de contrataciones de la Quinta Presidencial de Olivos. La legisladora afirmó que la presentación formal por presuntos delitos de peculado, fraude a la administración pública y lavado de dinero fue remitida a la Justicia.
La diputada nacional Marcela Pagano hizo públicas este domingo, a través de la red social X (ex Twitter), una serie de acusaciones centradas en el funcionamiento interno y el esquema de contrataciones dentro de la Quinta Presidencial de Olivos. Bajo el rótulo de «Olivosgate», la legisladora atribuyó presuntas maniobras de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos al entorno directo de la Secretaría General de la Presidencia.
Según lo expuesto por Pagano, la administración de la cocina de la residencia oficial habría quedado bajo el control de Analía Agudiez, pareja del intendente de la quinta y hermana de Belén Agudiez, colaboradora de Karina Milei. La diputada sostuvo que insumos adquiridos con dinero público son destinados a abastecer un servicio privado de catering denominado “Pancitos Caseros”, por lo que reclamó explicaciones ante la Justicia.
Entre los puntos de la denuncia, la legisladora indicó que la documentación oficial refleja el uso de la identidad de un jubilado sin patrimonio ni vivienda propia, domiciliado en un barrio carenciado, para figurar como proveedor de la Presidencia y facturar montos superiores a los $600 millones.
En relación con otros servicios del predio, Pagano señaló:
- Jardinería: Afirmó que la mantención del predio fue adjudicada a Franco Castelli, socio de la familia Agudiez, mediante un procedimiento que ya motivó la denuncia penal radicada en la causa CFP 2273/2026.
- Movilidad y equipamiento: Cuestionó la multiplicación de contrataciones de carritos de golf de la marca Melex y compras de aromatizantes Saphirus.
- Esquema de comisiones: Sugirió la presencia de retornos del 3% en las contrataciones de la quinta, vinculando esta metodología con investigaciones previas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Para concluir, Pagano denunció que para ocultar las supuestas irregularidades y el desvío de mercadería, se procedió a desplazar al personal civil de la residencia y a incrementar la presencia militar. De acuerdo con sus palabras, este esquema ha dejado al presidente Javier Milei «aislado» en una residencia que, según definió, «parece un cuartel».
La diputada confirmó que la presentación formal por los delitos de peculado, fraude a la administración pública y lavado de dinero ya fue remitida a la Justicia.