La Cámara de Diputados acordó un esquema de trabajo que incluye la ley de defensa de la soberanía, el nuevo régimen para discapacidad y el Presupuesto 2027. El Senado ya aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II. La eliminación de las PASO continúa sin tratamiento en la Cámara alta.
La Cámara de Diputados de la Nación definió un cronograma de trabajo que contempla el tratamiento de la ley de defensa de la soberanía, el nuevo régimen para discapacidad y el Presupuesto 2027, con el objetivo de avanzar en las principales reformas antes de fin de año. En paralelo, el Senado aprobó en las últimas dos semanas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
La eliminación de las PASO continúa sin definición en el Senado. El proyecto enfrenta resistencias en bloques aliados, lo que dificulta su llegada al recinto. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de resolver los temas electorales en años pares, aunque existen antecedentes de excepciones, como la suspensión de las últimas PASO votada el 20 de febrero de 2025 en sesiones extraordinarias.
En Diputados, las autoridades diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que incluye para esta semana una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía. La iniciativa ingresó al Congreso el 17 de septiembre y será analizada el miércoles próximo desde el mediodía en reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El objetivo es emitir dictamen el martes 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente. Al anunciar la iniciativa por cadena nacional el 3 de septiembre, el presidente Javier Milei expresó: «Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo». Y agregó: «Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política».
El proyecto incorpora un artículo al Código Penal que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien «actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que el artículo 111 «crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros». Juristas y representantes de ONG advirtieron sobre la ilegalidad de la medida.
La intención oficial es llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Ese mismo día se trataría el nuevo régimen para Discapacidad, que obtuvo dictamen la semana pasada, condicionado a que lo acordado figure en el Presupuesto 2027. Según lo que ocurra esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. No se descarta un tratamiento rápido para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central, que también debe recibir dictamen.
En cuanto al Presupuesto 2027, las reuniones informativas están previstas para los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. El dictamen sería el 28 de octubre y la sesión para media sanción el miércoles 4 de noviembre. De cumplirse ese cronograma, el Senado tendría tres semanas para tratarlo.
La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de reforma integral del régimen de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el 17 de septiembre. El expediente CD-76/26 fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa fue aprobada en el Senado por 41 votos a favor y 25 en contra, tras incorporar modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista.
El proyecto establece un nuevo marco regulatorio por 15 años y declara de interés público las actividades vinculadas a los biocombustibles. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Modifica los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla: para el gasoil, mantiene un corte de biodiésel del 7,5% que se elevará al 10% a los doce meses; para las naftas, el bioetanol pasará del 12% al 15% al cabo de un año. Preserva un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el de maíz.
Crea un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público y habilita contratos a término. Autoriza cortes superiores a los mínimos, promueve vehículos flex fuel, permite la inyección de biometano en gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet). También contempla la importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias o en casos de falta de abastecimiento interno.
En materia impositiva, mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, gravando únicamente la porción fósil en las mezclas. Deroga la Ley 27.640 y crea un período de transición para el mercado de biodiésel hasta el 1 de enero de 2036. Las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.