El trabajador de prensa Fernando Ojeda fue arrestado durante siete horas en Margarita Belén luego de acercarse al mandatario Leandro Zdero para consultarle sobre el suministro de agua en la localidad.
Un episodio que involucra a un periodista y a la policía ocurrió en la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando Fernando Ojeda, del medio TV Local, fue detenido durante siete horas tras intentar formular una pregunta al gobernador Leandro Zdero sobre la provisión de agua potable.
El hecho se registró durante una visita oficial del mandatario al Club San Martín. Según registros fílmicos, Ojeda se acercó a Zdero para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua de la zona. Ante la pregunta, el gobernador evitó responder, calificó al cronista como “militante kirchnerista” y continuó su marcha. Minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.
La Policía del Chaco emitió un comunicado donde justificó el arresto alegando que el ciudadano intentó “violar el perímetro de seguridad” del gobernador y luego pretendió darse a la fuga. La causa fue encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial. Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una versión distinta en declaraciones a los medios: negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad del mandatario, y afirmó que se debió a un supuesto “entredicho” e insultos del joven hacia el personal de seguridad a cien metros del club. Además, aseguró desconocer que el detenido era periodista.
El juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, ratificó el procedimiento y mantuvo detenido a Ojeda hasta la una de la madrugada. En diálogo con el portal Litigio, el magistrado reconoció que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud, y que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial. Pontón afirmó no tener constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística. Finalmente ordenó la libertad de Ojeda al considerar que no había motivos para una prisión preventiva.
El hecho generó atención en el ámbito periodístico regional por el uso de figuras contravencionales como la “violación de perímetros” para restringir el acceso de los trabajadores de prensa a los funcionarios públicos.
