La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de ley Hojarasca, que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas. La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, y fue girada al Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger. La norma busca depurar el digesto jurídico mediante la derogación de más de 70 normas que, según sus impulsores, quedaron obsoletas.
El proyecto recibió 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. Fue girado al Senado, donde el Gobierno espera obtener la sanción definitiva. En la misma sesión se votará más tarde el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por “zona fría”, además de la aprobación de tratados y convenios internacionales y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.
Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), sostuvo que la ley apunta a derogar normas obsoletas o inútiles. “Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible”, afirmó. Agregó que “en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones”.
Benegas Lynch también declaró que “los gobiernos no nos otorgan derechos sino que nos reconocen derechos” y que “la degradación del derecho viene cuando pensamos que una ley es justa por la cantidad de manos levantadas”. Consideró que “las regulaciones, las leyes y las normas son para proteger la vida, la propiedad y el derecho”.
El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que la ley responde a varios criterios: “Suprimir normas que están superadas por normativas posteriores, y que por lo obsoletas son ridículas como la ley de Azotes; normas obsoletas por el avance tecnológico como la ley de microfilmación; leyes que afectan libertades individuales como la ley de mochileros; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos hoy totalmente innecesarios; leyes que están vigentes con organismos que hoy no existen, o que establecen procedimientos imposibles de aplicar; organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido”.
Mayoraz se refirió en particular a la necesidad de derogar la ley sobre laboratorios públicos, de la cual dijo que “no sirvió de nada” porque no creó nuevos laboratorios ni asignó fondos. “Y los laboratorios existentes fueron creados por leyes provinciales, como en mi provincia, y se sustentan con los impuestos que pagamos los santafesinos”, señaló. Consideró que “son leyes declamatorias, hechas para quedar bien con algún sector de la sociedad”.
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta se manifestó en contra de la ley y opinó que “detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”.