lunes, 25 mayo, 2026
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Madres protectoras: denunciar abuso sexual implica un alto costo emocional y económico

Yama Corín, arteterapeuta e integrante del colectivo Mundanas, sostuvo que el proyecto de ley que propone aumentar penas por falso testimonio en casos de violencia de género o abuso sexual contra las infancias instala un debate misógino y no se condice con la realidad de las denunciantes.

La presentación de un proyecto de ley por parte de la senadora Carolina Losada, que propone aumentar las penas para el delito de falso testimonio en casos de violencia de género o de abuso sexual contra las infancias, puso el foco en las denominadas «falsas denuncias». Según un relevamiento de 2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres (77,3%) que sufrían violencia realizaba la denuncia. Unicef señaló en 2023 que entre el 90 % y el 95 % de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes no se denuncian.

Yama Corín, arteterapeuta, militante feminista e integrante del colectivo Mundanas, afirmó que la iniciativa “tiene un objetivo más político que jurídico” y busca “instalar en la sociedad un debate misógino, que es la desconfianza hacia las mujeres que denunciamos violencia de género y abuso sexual en las infancias de nuestros hijos o hijas”. También sostuvo que va en línea con la persecución hacia las docentes que aplican la educación sexual integral. “La ESI es la que garantiza la voz de las niñeces que podrían estar sufriendo violencia y eso se intenta silenciar con esta persecución”, declaró.

Corín explicó que las madres protectoras son aquellas que denuncian abuso sexual contra sus hijas o hijos. En el proceso judicial, ocurren contradenuncias por falso testimonio y por impedimento de contacto. “Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden, pero porque nosotras estamos cuidando a nuestros hijos e hijas que fueron víctimas de una violencia brutal”, subrayó.

Consultada sobre qué implica hacer una denuncia, respondió: “Cuando nosotras denunciamos nos encontramos con la necesidad de desarrollar lo que estamos denunciando. Ese desarrollo implica muchísimo dolor con una escucha que nunca es cuidada. La denuncia después se tiene que ratificar, hay que volver a ir. Luego empiezan una investigación. Esa investigación implica que las pericias son sobre las personas que denunciamos o las víctimas, previo a que se pericie a los denunciados. Para sostener ese proceso judicial hay que pagar patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Implica no solo el costo emocional, sino un costo económico. Son muchos años para lograr que esa causa permanezca en investigación. Lo que conocemos de estadísticas es que, de 1000 casos se denuncian 100 y de 100, se condena a un solo abusador. Las causas circulan alrededor de diez años en promedio”.

En cuanto a las pericias, detalló que la Cámara Gesell es un dispositivo en el que niños, niñas o adolescentes menores de 18 años declaran ante un profesional de la psicología. “Si ese niño o esa niña justo en esa entrevista no pudo desarrollar lo que es un hecho traumático, pierde su única chance de ser oído. Es una Justicia que no se ajusta a los tiempos de las víctimas, sino al propio tiempo de su proceso”.

Sobre el impacto social de denunciar abuso sexual en las infancias, señaló: “Se rompe todo. Es la imagen de una piedra que cae en el agua y hace un sinfín de oleajes. Frente a esa revelación, ocurre una ruptura en la familia, el entorno laboral, profesional o social. Hay personas que acompañan a las víctimas y otras que defienden al abusador bajo distintos argumentos”.

Respecto del desmantelamiento de políticas públicas, Corín declaró: “El desmantelamiento es del Estado en su conjunto. Desmantelaron el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Programa Patrocinar, que daba patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de abuso sexual en las infancias. No solo nos dejan sin acceso a denunciar o al acompañamiento del Estado, sino que operan en una batalla ideológica para sostener la decisión política de dejarnos sin Estado”.

Finalmente, sostuvo: “Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden. Necesitamos una sociedad que pueda mirar al otro con empatía. Eso se construye en espacios de organización donde pueda haber una mirada, donde pueda haber una escucha”.

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