La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de ficha limpia para contrataciones públicas, que exige a proveedores y contratistas del Estado provincial acreditar la inexistencia de antecedentes penales.
La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de ficha limpia para las contrataciones públicas, una iniciativa impulsada por la diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini. La norma busca impedir que personas o empresas con antecedentes penales puedan convertirse en proveedoras o contratistas del Estado provincial.
La sanción definitiva se concretó luego de que la Cámara de Diputados ratificara las modificaciones introducidas por la Cámara alta al proyecto original. La propuesta había obtenido media sanción en la Cámara baja el año pasado y regresó para su revisión final tras los cambios incorporados por la Cámara alta.
La norma establece que, en todos los procesos de contratación que lleve adelante el Estado provincial, tanto para obras públicas, adquisición de bienes o contratación de servicios, los oferentes deberán acreditar la inexistencia de antecedentes penales mediante la presentación de un certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La ley de ficha limpia alcanza a personas físicas, socios, integrantes de órganos de administración y fiscalización de las empresas proveedoras del Estado, representantes legales de uniones transitorias de empresas y miembros de las sociedades que las integran. La falta de presentación de la documentación requerida será causal de desestimación de la oferta en los procesos de licitación.
La norma impulsada por Cattalini dispone que los organismos contratantes deberán verificar, antes de la adjudicación de los contratos, la vigencia de la información presentada por los postulantes a través de mecanismos electrónicos o digitales.
Con la aprobación de la ley, el Poder Ejecutivo provincial quedó facultado para suscribir convenios de cooperación técnica destinados a implementar los sistemas de control y verificación previstos en la normativa.
Entre los delitos contemplados por la norma figuran los vinculados a hechos de corrupción y contra la administración pública, delitos económicos y financieros, homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, delitos contra la propiedad y contra el orden constitucional, entre otros previstos en el Código Penal.
La iniciativa se inscribe dentro de una serie de medidas orientadas a fortalecer los estándares de transparencia en la administración pública santafesina. De acuerdo a los considerandos del proyecto, el objetivo es garantizar la “idoneidad moral” de quienes pretendan contratar con el Estado y evitar que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a negocios financiados con recursos públicos.