La provincia y el sector privado diseñan un modelo público-privado para administrar y mantener los accesos a los puertos. La iniciativa, que busca reemplazar peajes y tasas municipales, genera tensión con intendentes de la zona.
El gobierno de Santa Fe, junto al sector agroexportador, prepara un modelo para administrar y mantener las rutas de acceso a los puertos. La propuesta, que aún está en etapa de borrador, contempla la creación de un fideicomiso público-privado que reemplazaría los actuales peajes y tasas municipales que pagan los camiones.
El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a sus ministros que, antes de cerrar el esquema, acuerden con los intendentes de las localidades portuarias. Esta es la principal traba política que encuentra el gobierno provincial para avanzar con el circuito único portuario, un proyecto que se viene gestando desde hace dos años.
El fideicomiso sería similar al de la autopista Rosario-Santa Fe, pero con una gobernanza mixta. No estaría administrado por el Ejecutivo sino por un ente no estatal, que recaudaría fondos y contrataría obras y servicios de mantenimiento. No se prevé la figura de un concesionario.
Desde el Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Obras Públicas indicaron que “no está cerrado el modelo”, pero es el que se está trabajando y cuenta con la adhesión del establishment agroexportador, que espera definir la letra chica. Entre los actores privados que participan se encuentran la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara).
El esquema propone un sistema único de cobro que reemplazaría a los peajes y tasas municipales actuales para camiones. Incluiría un mecanismo de coparticipación para las localidades, a cambio de que no cobren nada por fuera. “El que rompe paga”, señaló el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien recordó que por la zona transitan dos millones de camiones por año, algunos de doce provincias ajenas a Santa Fe.
La recaudación quedaría blindada de la intervención estatal directa. “La plata no entra al Estado sino a la ruta”, explicó el secretario de Cooperación, Cristian Cunha. La iniciativa buscaría no solo la reparación inmediata, sino también la posibilidad de acceder a mercados de capitales para financiar futuras obras de gran envergadura.
Por otra parte, la provincia reclama que la Nación ceda la A012 para sumarla al esquema. Desde Arroyo Seco hasta Timbúes, con excepción de Rosario, los municipios portuarios cobran una tasa a cada camión que transita su ciudad para entrar al puerto, como forma de compensar el impacto vial del tránsito pesado. Con estas tasas, los municipios manejan fondos importantes.
La sospecha de algunos sectores es que se trata de una caja de libre disposición sin control, que se utiliza para diversas cuestiones y no solo para mantenimiento vial. Ningún intendente del cordón industrial quiere perder esa fuente de ingresos. Los de Puerto San Martín, Carlos De Grandis, y el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, son los que más resistencia oponen.